El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols, dio a conocer este jueves 22 de agosto que el Departamento de Estado tomó medidas para imponer restricciones de visa a una persona del sector financiero guatemalteco. Sin embargo, no se reveló específicamente a quién se le aplicó esta disposición.
El anuncio al respecto del tema lo hizo el funcionario estadounidense por medio de una publicación en sus redes sociales, donde agregó que la decisión se tomó debido a que se considera que pudo haber incurrido en acciones para “socavar la democracia y el estado de derecho”.
“Seguimos preocupados por la independencia judicial y la corrupción, incluidos quienes las facilitan, así como por las influencias malignas extranjeras, y seguiremos tomando las medidas adecuadas para proteger los intereses estadounidenses”, añadió Nichols en la publicación.
#AHORA Brian A. Nichols, Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU., informa que el @StateDept «tomó recientemente medidas para imponer restricciones de visa a una persona del sector financiero guatemalteco, por socavar la democracia y el Estado de Derecho».… https://t.co/G50dWxEwV4
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 22, 2024
Otras restricciones de visa aplicadas a guatemaltecos
En diciembre de 2023, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América anunció las restricciones de visa a casi 300 ciudadanos guatemaltecos, incluidos más de 100 miembros del Congreso de la República, así como a representantes del sector privado y familiares, “por socavar la democracia y el Estado de Derecho”.
La nación norteamericana reiteró en esa ocasión que apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y garantizar que se respete la voluntad del pueblo guatemalteco. En ese sentido, aseguró que seguiría tomando medidas para imponer las referidas restricciones a cualquier persona que vaya en contra de estos principios.
De acuerdo con el boletín emitido, estas disposiciones se aplicaron con base en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y refuerzan las acciones anteriores del gobierno estadounidense para promover la rendición de cuentas de “los actores corruptos y antidemocráticos en Guatemala”.
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