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El Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal suspendió este miércoles 21 de agosto la audiencia a la que había comparecido la directora del Instituto de la Víctima y exdiputada al Congreso de la República, Ligia Hernández, por su presunta implicación en el caso denominado “Corrupción Semilla”, el cual es investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Ligia Hernández; Alejandra Chiroy, ex directora del departamento de elaboración de padrones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y la ex trabajadora del TSE, Liz Helena de León acudieron al Juzgado; sin embargo, la audiencia se suspendió debido a que Ligia Hernández no tenía abogado defensor.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el que fueron convocadas Hernández, Chiroy, y de León; ya que las tres sindicadas dentro del caso “corrupción semilla”.

La funcionaria del gobierno del presidente Bernardo Arévalo fue capturada el pasado martes 13 de agosto, en seguimiento a una orden emitida por la referida judicatura, a petición del Ministerio Público (MP), que la vincula con la supuesta alteración de datos sobre las finanzas del partido Movimiento Semilla.

El caso fue presentado en diciembre de 2023 por el Ministerio Público después de que Arévalo de León, con su discurso anticorrupción, sorprendiera con su triunfo en las elecciones de dicho año cuando las encuestas lo colocaban en octavo lugar.

Del caso se sabe poco ya que se encuentra «bajo reserva», una medida legal que permite acceso al expediente del mismo solamente a las partes involucradas. Sin embargo, el Movimiento Semilla tampoco ha tenido acceso al mismo, una decisión considerada ilegal por expertos.

El Ministerio Público guatemalteco es dirigido por Consuelo Porras Argueta, señalada como corrupta por Estados Unidos y la Unión Europea, que le han vedado el acceso a su territorio.

Porras Argueta fue acusada en 2023 por Arévalo de León por querer llevar a cabo un «golpe de Estado» en su contra para evitar su investidura, que finalmente se llevó a cabo de manera accidentada en enero pasado.

Al menos un centenar de personas han tenido que salir al exilio por la persecución del Ministerio Público, mientras otros se encuentran en prisión como el periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace más de daños sin sentencia judicial firme por un supuesto caso de lavado de dinero.

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Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*