El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), planteó este miércoles 19 de junio una solicitud al Juzgado Séptimo Penal para que se otorguen las autorizaciones respectivas que permitan requerir información relacionada con movimientos bancarios de trabajadores del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El planteamiento del ente investigador refleja que se espera poder conocer datos del manejo de los fondos, así como lo correspondiente a sueldos. El objetivo es poder detectar posibles transacciones sospechosas de los funcionarios, quienes son señalados dentro del caso “Corrupción Semilla”.
La información a la que pretende acceder la fiscalía pertenece a las siguientes personas:
- Alejandra Chiroy, directora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones.
- José Emilio Liquez Arévalo, auditor del tribunal.
- Jorge Salvador Santos Neil, director de Informática.
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Señalamientos contra trabajadores del TSE
La FECI, a cargo de Rafael Curruchiche, dio a conocer en diciembre del año pasado que existen hallazgos con respecto a que hubo “sabotaje” en el marco del manejo de las Elecciones Generales 2023. Esto incluiría supuestas irregularidades en el manejo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la alteración de documentos para aparentemente cambiar los resultados.
La agente fiscal Leonor Morales explicó que, en seguimiento a las pesquisas, un juzgado emitió órdenes de aprehensión contra Jorge Santos Neil, director de Informática del TSE, por el delito de abuso de autoridad y falsedad material con agravación electoral; y contra Alejandra Chiroy, jefa del Departamento de Inscripción de Ciudadanos, por el delito de abuso de autoridad.
Con respecto a los detalles del caso, reveló que, durante el allanamiento realizado en septiembre pasado en el Parque de la Industria, zona 9, donde funcionaba el archivo electoral, se estableció que el TSE incurrió en ilegalidades en el resguardo de las cajas electorales.
Chiroy fue capturada el pasado 15 de febrero al momento en que se presentó al juzgado para dilucidar su situación legal. Ese mismo día se llevó a cabo la audiencia de primera declaración en la cual se resolvió ligarla a proceso penal por el delito de incumplimiento de deberes.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
