El Gobierno de Guatemala publicó este viernes 12 de abril el decreto gubernativo número 1-2024, en el cual se declara Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional para atender los incendios. Sin embargo, este quedó sin materia debido a que el Congreso de la República no avaló la disposición.
La difusión de esta normativa se dio tres días después de que el presidente Bernardo Arévalo anunció que en Consejo de Ministros se había decidido implementar esta disposición tomando en cuenta la situación en el país, donde al menos 40 incendios están activos. Además, indicó que se pudo establecer que en el 80 por ciento de los casos estos son provocados.
El decreto debía ser conocido por el Legislativo para su aprobación y que pudiera entrar en vigencia; sin embargo, el tema fue conocido por el pleno en la sesión realizada durante la tarde del pasado jueves y no se logró el respaldo necesario. Con 83 votos a favor y 55 en contra quedó aprobada la moción verbal de improbar el decreto gubernativo.
Las posturas de los legisladores fueron diversas, algunas a favor y otras en contra. Se señaló la falta de mecanismos de transparencia incluidos en la normativa para respaldar el uso de los fondos públicos para el fin establecido. También se criticó la restricción de derechos constitucionales en el marco del Estado de Excepción.
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Acerca del decreto de Estado de Calamidad
En el decreto se establece que el Estado de Calamidad se estableció tomando en consideración que actualmente existe un gran número de incendios forestales, no forestales y de interfaz en diferentes lugares del territorio guatemalteco.
“Los cuales están provocando riesgos y amenazas a la vida, la salud, la integridad y la seguridad de la población y sus medios de vida, así como también los daños al medio ambiente”, se lee en el artículo 2 de la normativa, relacionado con la justificación.
Por aparte, se detalla que el objeto es evitar mayores consecuencias derivado de los incendios y permitir que se tomen las acciones necesarias de información, prevención, mitigación y atención para evitar o reducir sus efectos y, principalmente, aumentar la capacidad de respuesta, recursos disponibles y garantizar la coordinación de todas las emergencias a nivel nacional.
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En ese sentido, se autorizaba a los ministerios de la Defensa, Agricultura y Ambiente, bomberos, Conap, Inab y Conred la compra de bienes, suministros y servicios, así como contrataciones para ejecución y supervisión de trabajos relacionados con el objeto del decreto.
De igual forma, se indicó que quedarían restringidos los derechos constitucionales reconocidos en los artículos 5 y 26 de la Constitución Política de la República en todo el territorio durante la vigencia del estado de Calamidad. Al igual que se establecían las siguientes medidas:
- Atender, prevenir, controlar y erradicar los efectos derivados de los incendios a través de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
- Limitar el derecho de libre locomoción en las zonas afectadas, cambiar o mantener la residencia de las personas en los lugares afectados o en riesgo de serlo, siempre que las circunstancias lo demanden.
- Ordenar la auto evacuación de los pobladores de las comunidades aledañas a los incendios, de ser necesario.
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En el edificio de Neonatología del Hospital San Juan de Dios se tendrán áreas de atención a bebés prematuros y con bajo peso al nacer, así como distintas especialidades, incluidas neurología y neumología.
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