Integrantes de la Liga ProPatria interpusieron este miércoles 10 de enero un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con el cual buscan que Bernardo Arévalo y Karin Herrera no tomen posesión de los cargos de Presidente y Vicepresidenta, respectivamente.
Los representantes de esta asociación señalaron que sería ilegal que el binomio electo asuma el poder, pues consideran que existen evidencias de un posible fraude en las Elecciones Generales de 2023, el cual le atribuyen al partido político Movimiento Semilla.
José Pomés, presidente de la junta directiva de la Liga, señaló que se trata de una acción de amparo en única instancia, planteada en defensa de la república, de la Constitución y los derechos de los ciudadanos guatemaltecos.
Indicó que el acto reclamado que se expone es la amenaza de que el Congreso de la República reciba el juramento y dé posesión de los cargos a Arévalo y Herrera; no obstante que, según sus palabras, no procede su juramentación ni asumir porque su elección es nula ipso jure, es decir, de pleno derecho.
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Añadió que están en riesgo de ser violados los siguientes derechos constitucionales: servir y defender a la patria, cumplir y velar porque se cumpla con la Constitución Política, elegir y ser electo, velar por la efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral y la defensa del principio de alternabilidad en el ejercicio del poder.
Asimismo, explicó que, como terceros interesados, son considerados en este proceso de amparo al Ministerio Público y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que han llevado a cabo investigaciones que respaldarían lo expuesto ante el alto tribunal constitucional.
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Amparo de CC confirma resultados electorales y que MP siga investigando
La CC conoció el pasado 14 de diciembre un amparo presentado por un grupo de ciudadanos y abogados y resolvió que la transición debe continuar y los resultados electorales se confirman. En ese sentido, el pleno instruyó que todas las autoridades electas deben tomar posesión el 14 enero de 2024. Sin embargo, se detalló que Ministerio Público debe seguir su trabajo de investigación.
En el fallo en el que se otorgó el amparo, en definitiva, los magistrados conminaron al Congreso de la República y su Junta Directiva garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023, conforme los decretos de oficialización y validación de resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
