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Juan Pappier subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch indicó este jueves 7 de diciembre, que solicitaron formalmente a la Unión Europea que imponga sanciones contra la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) José Rafael Curruchiche Cacul, la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso Gómez y el juez Fredy Raúl Orellana Letona.

«Le escribimos, en nombre de Human Rights Watch, para pedir a la Unión Europea que imponga urgentemente sanciones selectivas, ya sea bajo su régimen global de sanciones de derechos humanos o un régimen de sanciones ad hoc para abordar las interferencias con el proceso electoral en Guatemala . También lo instamos a tomar otras acciones, que se detallan a continuación, en respuesta a las graves violaciones de derechos humanos y el retroceso democrático en el país.», indica el documento.

Human Rights Watch señaló que en los últimos años, las autoridades guatemaltecas han socavado las salvaguardias de derechos humanos y los controles institucionales sobre el abuso de poder para evitar la rendición de cuentas por la corrupción generalizada de alto nivel.

Más recientemente, han atacado el derecho al voto durante las elecciones de 2023 que ganó el candidato anticorrupción Bernardo Arévalo, señala el documento.

«Las recientes elecciones estuvieron marcadas por ataques al derecho de voto y esfuerzos por hacer que el campo de juego sea desigual. Las autoridades electorales prohibieron a los candidatos presidenciales de oposición Thelma Cabrera, Roberto Arzú y Carlos Pineda mediante decisiones por motivos políticos y la Fiscalía General inició una investigación penal arbitraria contra el candidato Edmond Mulet.», indica Human Rights Watch.

También pidió considerar la posibilidad de imponer sanciones a otras personas que puedan ser responsables de graves violaciones a los derechos humanos en Guatemala , incluso pide examinar la responsabilidad de magistrados, diputados del Congreso y empresarios.

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