La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con el que busca dejar sin efecto la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de fecha 7 de noviembre en la que le dio trámite a la solicitud de retiro de inmunidad en su contra y remitió el expediente al Congreso de la República, por supuestas irregularidades en la adquisición del programa de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
La magistrada, Palencia, manifestó que en la tramitación del expediente se cometieron algunas inconsistencias y señala que el Ministerio Público (MP) presentó la petición de retiro de antejuicio ante el Juzgado de Paz de Faltas de Turno, instancia que debió remitir los documentos a la Unidad de Gestión Penal; sin embargo, detalla que el Juzgado sin tener competencia se inhibió de conocer el proceso y envió el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la resolución correspondiente.
Como segundo punto indica que cuando el expediente de antejuicio fue recibido en la Corte Suprema de Justicia, procedió a dictar resoluciones en las que se aceptaron inhibitorias de magistrados, tanto de la propia Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones que fueron convocados para resolver la petición de retiro de inmunidad y que la magistrada Palencia no fue notificada de estas excusas para aceptarlas o no.
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Por último, indica que tampoco fue notificada sobre si la CSJ agotó en su totalidad la convocatoria a todos los presidentes de salas de apelaciones y tribunales colegiados de igual categoría.
El amparo señala que con estos actos, se violaron los derechos de seguridad jurídica y debido proceso de la magistrada Irma Palencia.
En esta acción de amparo figuran como terceros interesados los magistrados titulares Ranulfo Rojas, Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera y Mynor Franco. Asimismo los magistrados suplentes Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes.
Señalamientos
La Fiscalía de Delitos Administrativos señala que el supuesto fraude se cometió porque los funcionarios denunciados, autorizaron la adjudicación y suscripción del contrato de adquisición del programa por Q148 millones, mientras la segunda oferta era por Q113 millones, que además, incluía hardware operativo y la infraestructura de telecomunicaciones.
En tanto los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes se habrían cometido al no permitir una supervisión independiente del programa y según el MP con ello los magistrados omitieron una función propia de su cargo que era verificar si dicha plataforma cumplía los requisitos para la transmisión de los resultados preliminares.
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Vía Óscar Canel, Emisoras Unidas 89.7 FM*
