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Después de que en las redes sociales circulara información sobre la supuesta compra de votos a cambio de víveres, el Movimiento Semilla confirmó la detención en flagrancia de tres mujeres en San Antonio La Paz, El Progreso. 

Andrea Reyes, fiscal del Movimiento Semilla, reveló que las mujeres fueron aprehendidas mientras distribuían víveres posiblemente adquiridos con fondos públicos. Esto con el objetivo de obtener votos a favor del binomio presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). 

Reyes también alertó sobre la existencia de otros incidentes similares al acontecido en San Antonio La Paz. Según indicó, se encontraron numerosas bolsas de alimentos almacenadas en instituciones locales y gubernamentales. 

MP investiga compra de votos

Por su parte, el Ministerio Público (MP) informó sobre la recepción de 17 denuncias relacionadas con diversos delitos electorales. Además, que al call center habilitado para la segunda vuelta electoral han ingresado 19 informes relacionados con: 

  • Traslado de personas 
  • Compra de votos 
  • Propaganda política en los departamentos de Quiché, Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango, Izabal, Sololá, Zacapa, El Progreso, entre otros.

Investigación por amenazas

Por otro lado, el MP está llevando a cabo una investigación respecto a las presuntas amenazas dirigidas a las magistradas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro e Irma Elizabeth Palencia. 

Se informó que la Fiscalía Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas inició una investigación de oficio sobre las amenazas que la magistrada Alfaro habría recibido vía WhatsApp.

En ese sentido, se procedió a informar a la Policía Nacional Civil (PNC) con el objetivo de que se brinde la debida protección a la magistrada titular.

Por otro lado, dio a conocer que, el pasado jueves 17 de agosto, la presidenta del TSE, Irma Elizabeth Palencia, se presentó ante el MP para formalizar una denuncia por las amenazas que habría recibido en junio de 2023.

Esta investigación ha avanzado y, al igual que en el caso de la magistrada Alfaro, se ha implementado un esquema de seguridad a cargo de la PNC.