La apresurada manera en que se ha dado trámite al antejuicio contra el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, evidencia errores de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que afectan el Estado de derecho.
El defensor del juzgador, Herbert Pérez, explicó que la citación por el pesquisidor Roaldo Chávez para hoy es una preocupación más en el proceso para investigar a Gálvez.
Pérez señaló que el primer error en el trámite de antejuicio fue que, cuando se notificó a la Sala Segunda de Apelaciones, estaba como presidente Eduardo Galván Casasola, el 27 de julio, pero por decisión que se desconoce se nombró a Chávez como pesquisidor en el caso de Gálvez.
Y aunque se han presentado enmiendas tanto en la Sala como en la CSJ, las cuales no se han respondido, el juez contralor decidió citar a Gálvez.
“Se están minando las bases del Estado de derecho, no se deben aceptar los errores que arbitrariamente se están cometiendo. Al parecer, en la Corte Suprema están alargando el proceso para que Chávez escuche al juez y dejar sin materia nuestra enmienda”, añadió Pérez.
Otro de los errores que se menciona es de un posible sesgo y manipulación de la Ley del Organismo Judicial en la designación de los procesos. Lo cual puede afectar a cualquier persona que enfrente la justicia.
Conflicto de interés en antejuicio a Gálvez
La designación de Chávez como juez pesquisidor llama la atención entre abogados, ya que sorpresivamente solo él ha conocido los antejuicios contra profesionales incómodos en la CSJ. Entre ellos la exjueza Erika Aifán y el juez Pablo Xitumul.
De acuerdo con profesionales, en la capital hay más de 45 salas y “casualmente” Chávez sale en el sorteo, por lo que podría ser otra componenda entre magistrados con el juez.
Además, Chávez podría tener el problema de conflicto de interés por tener vínculos con el Ejército, políticos y ser compañero de uno de los abogados que denunció a Gálvez, principalmente por el caso “Diario militar”.
