Tres hombres fueron sentenciados a dos años y ocho meses de prisión tras la invasión de la finca San Francisco Miramar, ubicada en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, confirmaron este lunes los abogados del caso.
Félix Reymundo Gabriel, Adolfo Isaías Santizo Solís, Pedro Rivaí Herrera de León enfrentaron juicio y se les declaró culpables del delito de usurpación agravada, al identificarlos como líderes de una estructura que estafó a pobladores y simuló la venta de los terrenos.
Durante la investigación se determinó que a las personas se les engañó al ofrecerles fracciones de terreno en venta, aduciendo que eran fincas del Estado. «De esta forma son estafadas», dijo el abogado Mario Mazariegos.
«Las invasiones se dan no para repartirle a las personas que no tienen (recursos económicos) sino para hacer un negocio millonario, tal y como fue en la finca», aseguró a medios de comunicación.
Al menos 450 familias decidieron ocupar el terreno en junio de 2018, pero se les desalojó bajo una orden judicial un año después.
En la denuncia se señaló que durante la invasión se destruyeron cercos, plantaciones nuevas y en producción de hule. También se reportó el robo de la cosecha de café de ese año y la matanza de animales para consumo y venta. Los ocupantes también impidieron el acceso a los trabajadores de la finca.
El proceso legal duró casi cuatro años y durante la investigación se estableció que los sentenciados tenían una o dos residencias antes de usurpar e irrumpir el terreno.
Detallan sobre otro caso de usurpación
Por la invasión de otra finca también se confirmó que otras tres personas recibieron una sentencia de tres años de prisión. Los acusados son Hugo René Bravo López, Cristóbal Eduardo López Rodas y Gustavo Adolfo Hernández Nimatuj; mientras que, Adolfo Isaías Santizo Solís, recibió una pena de dos años de encarcelamiento.
El abogado informó que aún hay cinco órdenes de captura pendientes.
«Estamos hablando de acciones cometidas por estructuras criminales en contra de dos áreas de propiedad privada», dijo Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro, la cual acompañó el proceso.
«Las sentencias sientan un precedente muy importante», aseguró Caballeros en una conferencia a través de Zoom.
La ejecutiva comentó que a través del proceso se conoció que el Ministerio Público recibe más de 2 mil denuncias por usurpación agravada cada año.
Manifiestan preocupación
El acumulado es de más de 11 mil denuncias en los últimos once años, de las cuales concluyó el proceso judicial en el 28% de los casos. Una cifra que, según Caballeros, muestra que este tipo de procesos se extienden por un largo tiempo para que haya justicia.
Luis Alfonso Bosch, presidente de la Cámara de Industria, manifestó que este tipo de usurpaciones a la propiedad privada desincentivan la inversión en el país.
