La Asociación de Jueces y Magistrados por la Integridad (AGJI) se pronunció en rechazo a las amenazas en contra del juez Miguel Ángel Gálvez, luego de que resolviera enviar a juicio a oficiales retirados del Ejército y de la Policía Nacional en el caso «Diario Militar».
A través un comunicado, los jueces condenaron este martes los «ataques de manera directa» en contra de la dependencia judicial y que «ponen en riesgo la seguridad física y jurídica» del juez Gálvez, por el cumplimiento de sus funciones.
Los miembros de la Asociación reiteraron su preocupación sobre la independencia en la función judicial y por «las implicaciones que estos ataques tienen en el Estado de derecho», así como en la seguridad de los operadores de justicia.
Asociación demanda a la Corte Suprema cumplir con garantías
«Para este efecto, las leyes de la República contemplan los recursos y acciones legales para impugnar las decisiones judiciales y no recurrir a agresiones y amenazas que debilitan al Estado de derecho», indicó la AGJI, en torno a los desacuerdos que pueda existir con la decisión del juez.
Los ataques según la asociación, contravienen los principios y normas de derecho internacional sobre la independencia judicial. Asimismo, demandaron que de conformidad con la ley, la Corte Suprema de Justicia debe procurar el resguardo de la función del juez y adoptar medidas de prevención.
«Considerando que estas amenazas se han presentado a través de medios públicos de información, hacemos un llamado al Ministerio Público para que de oficio inicie las investigaciones correspondientes», se añade.
Implicados en caso «Diario Militar» enviados a juicio
El juez Miguel Ángel Gálvez resolvió el pasado viernes enviar a juicio a nueve exmilitares y expolicías por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 183 personas durante la guerra civil (1960-1996).
Las atrocidades a que fueron sometidos profesionales, estudiantes, activistas y guerrilleros quedaron plasmadas en el llamado «Diario Militar», encontrado en mayo de 1999.
Según ese archivo, las violaciones de lesa humanidad ocurrieron entre 1983 y 1986 durante el gobierno de facto del general Óscar Mejía.
