La jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, acudió este viernes a la Sala Segunda de Apelaciones a presentar sus pruebas de descargo por el proceso de antejuicio que se sigue en su contra, a raíz de una denuncia promovida por el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (IMCAOJ).
Esto dijo la juez Ericka Aifán al salir de la Sala Segunda de la Corte, luego de reunirse ante el juez pesquisidor Roaldo I. Chávez P. Esto dentro del proceso de antejuicio iniciado en su contra por una denuncia del Instituto de Magistrados.
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La diligencia se desarrolló a puerta cerrada por decisión del juez pesquisidor, Roaldo Chávez. A su salida, brindó una serie de declaraciones respecto a que en las últimas semanas ha sido víctima de constantes amenazas, hostigamientos e intimidaciones.
“Se han incrementado, tanto en las redes sociales, así como la vigilancia, los seguimientos, las grabaciones. Ustedes también se han dado cuenta que la cantidad de antejuicios y denuncias que se han promovido en mi contra en esta parte del 2022. Hemos notado un incremento estas acciones de amenazas, hostigamientos e intimidaciones y el incumplimiento de las medidas cautelares que se me otorgaron», explicó la jueza.
#AHORA La juez Ericka Aifán sale de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones.
La próxima audiencia es este miércoles. Dio a conocer también que el proceso va como a la mitad. Vía: @noel_solis pic.twitter.com/OnfYFJ74bj
— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) March 4, 2022
Aifán aseguró que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no le ha cambiado su esquema de seguridad, a pesar de que ya ha denunciado lo anteriormente relatado.
Antejuicio
El 25 de febrero de 2022, integrantes del IMCAOJ acudieron a la Sala Segunda de Apelaciones para ratificar la solicitud de antejucio promovida contra Aifán. Los magistrados la señalan de haber autorizado diligencias ilegales de investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020.
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En ese caso, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) señaló reveló la existencia de una presunta red de tráfico de influencias para las designaciones de las comisiones de postulación para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.
