Tres auxiliares de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) renunciaron a sus cargos este lunes, entre ellos uno de los que formaba parte de la investigación sobre los Q122 millones incautados en la Antigua Guatemala, caso por el que está ligado a proceso por lavado de dinero, el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.
Gilma Guerra, Masell Pérez y Lorenzo Bolaños presentaron su renuncia este lunes seguido de la del fiscal Carlos Vides, el pasado domingo.
La auxiliar fiscal Gilmar Guerra formó parte de los equipos que investigó los casos Traficantes de Influencias y Financiamiento del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Asimismo, Masell Pérez apoyó en la investigación relacionada con los Q122 millones encontrados en maletas en una vivienda de la Antigua Guatemala.
También se conoció la renuncia de Kevin Montes, quien actualmente estaba en la Fiscalía de Chuarrancho y que anteriormente laboró como notificador en la FECI.
#NACIONALES De acuerdo con la investigación, el extitular del Ministerio de Comunicaciones está vinculado en el caso de Q122 millones incautados en Antigua Guatemala.https://t.co/Hach0Lc5Wf
— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) February 11, 2022
Extrabajador de FECI se pronuncia
El exfiscal Carlos Vides, vertió serias acusaciones en contra de la fiscal general Consuelo Porras en una carta en la que explicó sus motivos para abandonar el cargo en la FECI.
«Ha quedado claro que la fiscal general Consuelo Porras ha ido avanzando en su plan de garantizar impunidad a las redes criminales que debiera de perseguir. Desde el inicio de su mandato complicó la función de fiscales comprometidos e independientes», se lee en el documento.
Añade que «las investigaciones no avanzan contra ciertas personas; y se agilizan en contra de defensores de derechos humanos y operadores de justicia independientes, como se vio reflejado en las últimas semanas, con la aprehensión de varios ex compañeros».
De acuerdo con el fiscal Videz fue uno de los fiscales a cargo del caso Construcción y Corrupción, el cual permitió descubrir hechos con los que se operativizaron otras investigaciones como la fase dos del mismo caso; Red de poder, Corrupción y Lavado; y la investigación de los Q122 millones; Asesoría Legal: Operación de Lavado de Activos, entre otros.
«Ni criminalización, ni venganza»
«Respecto a las investigaciones, estas derivan de denuncias presentadas que el MP por mandato legal tiene la obligación de investigar y que las órdenes de aprehensión solicitadas se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas. Esto no implica una criminalización, ni venganza sino implica el estricto cumplimiento de la ley y al debido proceso», respondió el Ministerio Público tras darse a conocer la renuncia de Videz.
“Hacer cumplir la ley no puede considerarse criminalización, la justicia debe ser objetiva”, afirmó la fiscalía.
«El MP debe realizar la investigación para determinar la posible comisión de un acto constitutivo de delito, ya que nadie es superior a la ley», fue parte de la postura tras las detenciones de otras investigadores y una exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Primeras detenciones
En las últimas dos semanas, se giraron cinco órdenes de captura a extrabajadores de FECI, de los cuatro fueron detenidos. Estas se adhieren a la orden de detención del exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, desde mediados del año pasado.
La primera detención se hizo efectiva el pasado 10 de febrero, de la exfiscal Eva Sosa cuando se presentaba en un juzgado que investiga su actuación en la fiscalía.
Ese mismo día también fue detenida también la abogada Leyli Santizo, mandataria por once años de la CICIG, por cargos de obstaculizar la acción de la justicia.
