La fiscal general junto con el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchich, ordenaron la captura de Leyli Santizo y Eva Xiomara Sosa, exfuncionarias de la CICIG y la FECI.
En el caso que se vincula a Santizo se denominó “Cooptación y corrupción judicial”, y se le acusa del delito de obstrucción a la justicia. Asimismo, el MP la acusa por el hecho de haber solicitado la conexión de causas.
No obstante, utilizó el método de “bajo reserva” para no brindar detalles de la investigación.
La exfuncionaria de la Comisión elaboró informes en del caso “Manipulación de justicia”, en el que están involucrados exfiscales y familiares de políticos.
También en el caso “Fénix”, que es sobre corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y en el que uno de los señalados está refugiado en Nicaragua con el apoyo de políticos.
Además, un caso de impunidad en el desalojo de unas fincas en Petén, en el que fueron condenados vinculados al narcotráfico.
Asimismo, se comentó que la fiscal general solicitó otras órdenes de captura contra expersonal de la FECI y de la CICIG, situación que llama la atención, pues responde a petición de una asociación ligada a militares señalados.
Expresan preocupación por extrabajadores de CICIG
Debido a que el MP evitó dar detalles del caso contra exfuncionarios, organizaciones civiles y de derechos humanos se pronunciaron por las últimas decisiones de Porras.
“Repudiamos y condenamos la acción espuria del MP que dirige Consuelo Porras, así como el uso indebido del mecanismo de reserva del caso cuando la información ha sido filtrada a grupos de net centers al servicio de la corrupción”, publicó la Convergencia por los Derechos Humanos.
La situación de que se declare “bajo reserva” el caso evita que la exfuncionaria tenga una audiencia pública para conocer los motivos de su detención.
Por lo que la Convergencia demandó la libertad de las abogadas y detener la persecución en contra de quienes trabajaron en investigaciones de la CICIG.
“La estructura mafiosa que hoy por hoy detenta el poder político, legislativo y judicial en Guatemala. Utiliza facultades que los cargos ostentan para montar procesos espurios de venganza y uso indebido del derecho penal”, resaltó la Convergencia.
Sin avances
- La gestión de Consuelo Porras ha evidenciado falta de pruebas. Como es en el caso por la compra del edificio en la zona 5, ya que también pidió el caso bajo reserva.
- Y aunque pasó más del tiempo permitido en ley para mantener el caso bajo reserva. El MP no se presentó a las audiencias para sostener el caso.
