La Junta Disciplinaria Judicial del Organismo Judicial ordenó a la Supervisión General de Tribunales iniciar una indagación administrativo contra Silvia Valdés.
La queja en contra de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue presentada por el diputado Aldo Dávila.
Lo que se busca con este proceso administrativo es determinar si pudo cometer alguna falta administrativa que amerite comenzar un procedimiento disciplinario.
En la resolución del ente disciplinario se establece un plazo de 10 días para que se investiguen los hechos denunciados.
“Se estima necesario que la Supervisión General de Tribunales de Guatemala, dentro del plazo de 10 días, realice la investigación del hecho denunciado cumpliendo como mínimo individualizar, localizar y entrevistar a los denunciantes”, dicta la referida resolución.
Entre los hechos denunciados, están el aporte de Q20 mil, aprobado por Valdés al Instituto de Magistrados, la misma entidad que denunció a la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, por haber autorizado diligencias de investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020.
Silvia Valdés: con baja credibilidad
La actual presidenta de la CSJ, Silvia Patricia Valdés, ha sido cuestionada por su imparcialidad en temas, como su apoyo al expresidente Jimmy Morales. Mantiene cercanía con la actual jefa del MP, Consuelo Porras, que la apoyó en la destitución de Juan Francisco Sandoval y cuestionó el trabajo de la jueza Erika Aifán.
Aunque en 2019 renunció por problemas de salud, ahora se aferra a la presidencia de la CSJ.
Valdés también integra la comisión de postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), la cual está conformada por 14 profesionales del derecho: los decanos de facultades de Derecho de las 12 universidades y dos representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Con información de Samanta Guerrero, Emisoras Unidas 89.7
