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La Cámara de Comercio de Guatemala criticó la reacción tardía del Gobierno para liberar el tránsito en carreteras por bloqueos de transportistas que rechazan el pago obligatorio de un seguro y exigió que se someta a los responsables ante la justicia.

«La actitud ilegal y abusiva de estos grupos constituyen delitos infraganti, los cuales se están cometiendo a conciencia y paciencia de las autoridades, sin tomar ninguna acción», declaró esa instancia en un comunicado este martes.

Al medio de día se habían despejado 20 puntos a nivel nacional, aunque otros 25 seguían bloqueados. Agentes de la Policía Nacional Civil tuvieron que intervenir usando la fuerza para retirar a los manifestantes en lugares como el aeropuerto Mundo Maya, en Petén; y en El Asintal, Retalhuleu.

La Cámara de Comercio rechazó las medidas de hecho al considerar que la población se encuentra totalmente indefensa cuando se producen los bloqueos, los cuales se calificaron como abusos al impedir la movilidad por más de un día provocando pérdidas multimillonarias y afectando la economía de todos los sectores.

Transportistas rechazan pago de seguro

La Policía Nacional Civil (PNC) se vio rebasada en cantidad de agentes con relación al número de manifestantes y el diálogo no obtuvo resultados. Para este martes nuevamente se tomaron las rutas y otras permanecían cerradas desde el lunes en la madrugada.

Los manifestantes mantuvieron los bloqueos como medida de presión para que el Gobierno de marcha atrás con el pago de un seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano y de pasajeros.

El pago de la póliza serviría para cubrir daños a la carga o a pasajeros en caso de un accidente de tránsito. Las tarifas diarias aproximadas serían de Q4.50 para moto taxis, Q7.75 para taxis, Q20 para buses urbanos, y hasta Q25 para cabezales de varios ejes, según la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (Agis).

No obstante, los conductores de transporte consideran que los costos no son asequibles y decidieron paralizar el servicio los dos días seguidos.

La semana pasada se anunció una prórroga para la entrada en vigencia del acuerdo 17-2020, la cuarta desde que la normativa se aprobó en el gobierno pasado.