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El diputado de la bancada Semilla, Luis Fernando Pineda, solicitó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) que practique una auditoría de cumplimiento al contrato del negocio del ferrocarril bicentenario.

Esto para «evitar un grave perjuicio al patrimonio de los guatemaltecos», según indicó a través de sus redes sociales.

Solicita auditoría

«Dada su magnitud (contrato), y derivado de mi trabajo de fiscalización, a mediados de junio de 2021 requerí información preliminar acerca de este negocio, la que me fue negada desde el inicio por los funcionarios a cargo», indica el legislador.

Asimismo, asegura que se han mostrado renuentes a dar a conocer los términos del contrato. «Tal ha sido la opacidad y secretividad que me fue negada la participación en la asamblea general de la empresa Ferrovías de Guatemala, sostenida el 13 de octubre de 2021», aseguró.

Además, añade:

«Tratándose de un asunto que supera los setecientos millones de dólares, y en el que, como accionista de la sociedad anónima titular de la negociación, el Estado tiene una participación superior al 80%, la que hace valer a través de la PGN, resulta especialmente grave que en dicho asunto se haya omitido cumplir con las previsiones de la Ley de Contrataciones del Estado».

Finalmente, el diputado solicita que en el término de 48 horas se remita una copia de dicha auditoría a su despacho.

Dan trámite a amparo

Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, dio a conocer que el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal dio trámite al amparo presentado en contra de la Compañía Desarrolladora Ferroviaria S.A.

Asimismo, se fijo un plazo de 48 horas para que la autoridad denunciada rinda un informe circunstanciado y remita los antecedentes del caso.

El recurso legal interpuesto por Rodas Andrade se realizó el mismo día en que se firmó el contrato de arrendamiento entre la entidad denunciada y la empresa mexicana Remed, S.A.

El Magistrado de Conciencia indicó que las entidades «no tomaron el camino legal correspondiente, optaron por un atajo a todas luces ilegal».

* Con información de Francisco Pérez, Emisoras Unidas 89.7