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La jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, envió un oficio dirigido a la fiscal general, Consuelo Porras, para que se investigue y determine si se está filtrando información del caso Odebrecht, el cual está bajo reserva.

Aifán consignó en el documento que el caso está bajo reserva y sugirió que la Fiscalía de Asuntos Internos inicie una investigación sobre funcionarios de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a cargo del caso.

El aviso surge debido a que hay cuentas de “netcenters” que han publicado información relacionada a la investigación, pese a que el caso asignado a la jueza Aifán está en proceso.

Denuncia otra supuesta filtración

Anteriormente, el 27 de septiembre pasado, la jueza expuso otra supuesta irregularidad y señaló a Vilma Pérez Pineda, nombrada a cargo del caso en la fiscalía.

Durante una audiencia la defensa de uno de los acusado pidió revisar medios de investigación específicos, pero estos no correspondían a esa fase y también se consideraba como información reservada.

La sospecha fue que la nueva fiscal a cargo del expediente habría revelado información del caso Odebrecht al defensor.

Dos días antes, el presidente Alejandro Giammattei también se pronunció y sugirió que el Ministerio Público revelaría nueva información del caso Odebrecht.

Giammattei dio sus declaraciones tras cuestionarle sobre la destitución de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI.

El funcionario dijo que no tuvo que ver con la decisión de la salida de Sandoval, pues el “Ministerio Público es independiente”, aseguró.

No obstante, luego hizo mención del caso sobre la constructora brasileña. “Espérese a ver lo que viene del caso Odebrecht”, respondió en una entrevista transmitida por CNN.

Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala. Foto: Gobierno de Guatemala

El tema estaría ligado al exfiscal Sandoval por una denuncia en su contra por el caso Odebrecht que se presentó por la Fundación contra el Terrorismo.

Sobre el caso Odebrecht

Para operativizar el caso, la FECI utilizó información que obtuvo mediante tres convenios de colaboración eficaz firmados con directivos de la empresa brasileña.

La Fundación por su parte, señala supuestas irregularidades en la firma de dichos convenios.