Skip to main content

Tras su llegada a Torre de Tribunales, la mañana de este lunes está en desarrollo la audiencia de primera declaración de Dulce Archila, estudiante de 19 años, quien también fue señalada por su participación en las manifestaciones de noviembre 2020.

Al igual que Nanci Chiriz Sinto y Juan Francisco Monroy, la joven también está siendo acusada por el Ministerio Público (MP) por el delito de depredación de bienes, de acuerdo a una orden de captura que se giró en su contra el pasado 24 de noviembre.

A su llegada a tribunales, un grupo de estudiantes y activistas le expresaron respaldo y fueron testigos de que los guardias de seguridad impidieron el ingreso de la madre de la joven, debido a los protocolos por la pandemia.

Protesta 21 de noviembre. Foto: Edwin Bercián Expresan respaldo a Dulce Archila
La familia de la joven emitió un comunicado expresando su preocupación por los hechos, considerando que se trata de una persecución.

Iris Castillo, secretaria general de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencia Política (AECP) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), indicó que Dulce es estudiante de primer año en esa facultad.

«Desde el primer momento en que nos enteramos hemos dado respaldo porque esto es un claro ejemplo de que la justicia está siendo selectiva. Desde el #21N solo buscaron criminalizar», afirmó la representante estudiantil.

Castillo junto a otro estudiantes hicieron un plantón frente a una de las puertas de ingreso a tribunales para manifestar apoyo a la estudiante.

«El Estado se enfoca en criminalizar a la población y no dar persecución a quienes incurren en corrupción dentro del gobierno», dijo Castillo en declaraciones a los medios.

Quedan ligados a proceso

La semana pasada Chiriz Sinto y Monroy fueron ligados a proceso al ser vinculados a los daños por un incendio provocado en el edificio del Congreso, durante una jornada de manifestaciones del 21 de noviembre de 2020.

La jueza a cargo del caso resolvió otorgar una medida y ambos quedaron bajo arresto domiciliario, con la prohibición de salir del país sin una autorización judicial. Los dos acusados pagaron una multa de Q5 mil.