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La facilidad para emitir una factura y poder mejorar la recaudación son aspectos que busca mejorar la SAT. Ayer el jefe de la entidad recaudadora de impuestos expuso que 977 contribuyentes se resisten a entregar el documento electrónico.

La factura electrónica entró en vigencia en 2018, pero su implementación fue paulatina, por lo que la SAT a la fecha tiene identificado que 346 mil 748, entre establecimientos e individuos, emiten dichos documentos en línea.

No obstante, el superintendente Díaz comentó que 10 mil 360 fueron notificados para migrar a la emisión de la factura en línea.

El funcionario resaltó que entre las características de los contribuyentes expuestos en un listado y que entregan facturas impresas están que muestran “importantes movimientos, pero el pago de impuestos es poco, por lo que son de interés fiscal”.

Aunque no se especificó si pertenecen a una actividad comercial, indicó que hay comercios y contribuyentes individuales.

Ante eso, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Alfredo Skinner-Klée, mostró la colaboración de esa institución para apoyar a aquellos contribuyentes que tengan problemas para hacer el cambio que pide la SAT.

Auditores de la SAT visitan a los contribuyentes renuentes para levantar actas administrativas. Y en caso de una negación se presentarán las denuncias penales y se iniciará el proceso de cierre.

Resistencia de contribuyentes a pesar de la tecnología

La SAT aprovecha el avance de la tecnología para tener más control en los documentos contables.

“Desde un celular se puede emitir una factura”, resaltó el superintendente, eso debido a que también contribuyentes del sector agropecuario se niegan a entregar facturas en línea.

Asimismo, indicó que no es necesario que los establecimientos pidan el correo electrónico para mandar la factura. Ya que desde el momento en que la emiten debe aparecer en el control tributario de los compradores.

A la vez, indicó no comprender a algunos contribuyentes que esperan la publicación del reglamento de la Ley de Ganaderos. Ya que no tendrá mayores cambios a la ley, pues señalan problemas por el tema de control de inventarios y por el “engorde de los animales”.

Díaz indicó que aunque ya se trasladó al Ministerio de Finanzas para su publicación, llevará más semanas porque se deben hacer dictámenes jurídicos.

Díaz agregó que las personas que reciban la notificación de hacer el cambio tienen tres meses para finalizar el proceso. Y en caso de que la migración sea voluntaria se les da hasta seis meses, pero deben demostrar el avance de proceso.