Un trabajador del Registro Nacional de las Personas (Renap) y un ciudadano salvadoreño deberán enfrentar un proceso penal por el delito de supresión y alteración del estado civil.
Así lo determinó el Juzgado Sexto Pluripersonal de Primera Instancia Penal al establecer que existen indicios razonables para determinar que los sospechosos habrían cometido el referido delito.
Los señalados son:
Israel Ramírez Sierra, empleado del Renap.
José Alfredo Rodríguez Aviles, de origen salvadoreño.
Según el fallo judicial, el órgano encargado de la persecución penal deberá realizar y concluir la investigación correspondiente en los próximos tres meses.
A solicitud de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales fueron ligados a proceso penal José Alfredo Rodríguez Aviles e Israel Ramírez Sierra, por el delito de supresión y alteración de estado civil. pic.twitter.com/zllpDRq8VX
— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 27, 2021
De acuerdo con los datos que difundió el MP por medio de su cuenta oficial de Twitter:
Rodríguez Aviles buscó a Ramírez Sierra para obtener documentos de identificación guatemaltecos.
De esa forma intentaba evadir una orden de captura en su contra que se había emitido en su país de origen.
La justicia de El Salvador lo señalaba por el delito de violación y agresión sexual en contra de una menor de edad.
Ramírez Sierra trabajaba como registrador civil en el Renap.
El 7 de febrero de 2012 se inscribió de manera irregular el nacimiento del salvadoreño, con lo cual se afirmaba que era guatemalteco.
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Proceso penal guatemalteco
Según las leyes vigentes, el proceso penal guatemalteco es de carácter acusatorio. Es decir, que una institución se encarga de desarrollar la investigación y de señalar a los sospechosos.
De acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala, ninguna persona puede ser considerada como culpable sino hasta que es vencida en juicio, ante un tribunal debidamente establecido.
Mientras se desarrolla la investigación y el proceso penal, nadie puede ser señalado como responsable de los delitos por los cuales enfrenta la justicia, pues se debe garantizar el derecho de presunción de inocencia.
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