Bancadas legislativas de oposición, que buscan iniciar el juicio político contra el encargado de la seguridad nacional, y un analista de la función legislativa señalan componendas por la alianza legislativa en detener el trabajo en el Congreso que atenta contra las funciones de uno de los organismos de Estado.
En noviembre pasado, los bloques UNE, Semilla, Winaq y URNG-Maíz con diputados independientes solicitaron interpelar al ministro de Gobernación al considerar el uso excesivo de fuerzas policíacas en una de las manifestaciones ciudadanas en noviembre de 2020.
Desde hace tres meses, el juicio político no ha iniciado debido a que los diputados del oficialismo y aliados juegan con la asistencia en las sesiones, lo que impide empezar con el cuestionamiento.
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2021/02/04/ministro-gobernacion-gendri-reyes-denuncia-bancada-semilla.html
La diputada de Semilla Ligia Hernández recordó la negatividad del ministro Reyes de asistir a las citaciones de las bancadas de oposición y ahora la bancada oficial junto con sus alianzas “protegen al ministro para no iniciar con la interpelación”, lo cual se ha denunciado públicamente porque atrasan el trabajo legislativo.
“El proteger al ministro es por temor a demostrar la incapacidad del ministro en temas de seguridad, lo cual es un golpe para el gobierno, ya que al conseguir el voto de falta de confianza sería el tercer ministro que tendría que remover en un ministerio importante”, agregó Hernández.
La congresista añadió que el gobierno intenta presentar al ministro como capaz con la creación del comité para la familia.
Incumplen Constitución
Varios sectores han pedido la aprobación de leyes para beneficio social y reactivación de la economía, sin embargo los diputados o no asisten a las sesiones o no marcan, como se ha observado en las últimas plenarias.
Esteban Celada, del Grupo de Litigantes y la Impunidad en Latinoamérica, explicó que la función de los diputados es legislar y fiscalizar, pero cuando un poder del Estado deja de realizar sus funciones con un pretexto de alargar la interpelación se incumple con las premisas fundamentales para el bien común.
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El abogado señaló que el aplazamiento del juicio político es un problema estructural de grupos que buscan garantizarse impunidad desde las funciones del Estado.
“No solo en la justicia se observa impunidad, sino en otros aspectos y temas”, resalto Celada.
Por último, el entrevistado comentó que no solo se trata de fiscalizar la prestación de un funcionario y las faltas como representación de la soberanía del pueblo, sino qué garantías el Estado está cumpliendo con la Constitución para el bien común y la vida digna de los ciudadanos.
