El Ministerio Público (MP) emitió un comunicado para referirse a las sanciones anunciadas este martes 20 de febrero por parte del gobierno de Canadá contra la jefa de esa institución, Consuelo Porras; el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y la fiscal Cinthia Monterroso, por supuestamente incurrir en acciones que socavan la democracia en Guatemala.
En el mensaje difundido, dirigido a la comunidad internacional, el ente investigador señaló que rechaza categóricamente el pronunciamiento que hizo la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá. Agregó que esta situación corresponde a una grave amenaza contra el régimen de legalidad y democracia.
“Nuevamente, funcionarios del Ministerio Público de Guatemala son objeto de ataques sistemáticos intimidatorios a efecto que, por medio de la coacción y la violación de sus derechos humanos, se pretenda evitar el cumplimiento de las funciones que la ley les confiere”, expuso.
#AHORA El @MPguatemala se pronuncia tras las sanciones impuestas por Canadá a la fiscal general Consuelo Porras, dos fiscales y un juez pic.twitter.com/1gvVguztV2
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 20, 2024
Canadá sanciona a cuatro funcionarios guatemaltecos
Canadá impuso sanciones contra Porras, los otros dos fiscales y el juez Jimi Bremer por «corrupción y violaciones flagrantes y sistemáticas» de los derechos humanos en el país centroamericano.
«Los sancionados han trabajado sin descanso para socavar la democracia y prevenir la transición pacífica de poder. Estas sanciones servirán para disuadir acciones obstruccionistas de funcionarios corruptos y apoyar al Gobierno elegido democráticamente» del presidente Bernardo Arévalo de León, señaló el Gobierno canadiense en un comunicado.
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Las medidas adoptadas por Canadá contra la fiscal general de Guatemala se producen después de que la Unión Europea (UE) impusiera sanciones contra Porras a principios de febrero por sus intentos de evitar la toma de posesión del presidente guatemalteco.
Las sanciones de Canadá impiden a ciudadanos o empresas canadienses, o residentes en el país, mantener relaciones con los cuatro funcionarios guatemaltecos, congelan los activos que puedan tener en el país norteamericano y les impiden viajar a Canadá.
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