El Contralor General de Cuentas de la Nación, Frank Bode Fuentes, dio a conocer que el próximo viernes 24 de noviembre, presentará un informe sobre los supuestos hallazgos luego de una auditoría realizada al Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), utilizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante las pasadas elecciones.
Para este miércoles también estaba programado que los abogados de la organización Guatemala Inmortal, Karen Fischer y Giovanni Fratti, acudieran a la audiencia de la Contralor General de Cuentas; sin embargo, no acudieron y en su lugar enviaron un oficio en el que manifestaron que se les reprogramara audiencia para el viernes 24 de noviembre para prepararse y rendir un mejor informe sobre la denuncia presentada contra los magistrados.
#AHORA Al respecto del tema del antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Contralor General de Cuentas, Frank Helmuth Bode Fuentes, dio a conocer que este viernes 24 de noviembre presentara un informe sobre los hallazgos tras una auditoría… pic.twitter.com/meEWQYy8TI
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 22, 2023
El pasado 21 de noviembre la Corte de Constitucionalidad (CC) denegó un amparo provisional solicitado por los magistrados del TSE, Mynor Franco, Irma Palencia, Ranulfo Rojas y Gabriel Aguilera, contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de retirarles la inmunidad; sin embargo, la alta corte sí amparó de manera provisional a la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, y a tres magistrados suplentes.
La solicitud de retiro de inmunidad fue presentada por la Fiscalía de Delitos Administrativos, por supuestas irregularidades en la adquisición del programa de TREP, por un monto estimado de Q148 millones.
El ente investigador sostiene que el supuesto fraude se cometió porque los funcionarios denunciados, autorizaron la adjudicación y suscripción del contrato de adquisición del programa por Q148 millones, mientras la segunda oferta era por Q113 millones, que además, incluía hardware operativo y la infraestructura de telecomunicaciones.
En tanto los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes se habrían cometido al no permitir una supervisión independiente del programa y según el MP con ello los magistrados omitieron una función propia de su cargo que era verificar si dicha plataforma cumplía los requisitos para la transmisión de los resultados preliminares.
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Con información de Juan Carlos Chanta
