El Juzgado Décimo Penal, a cargo del juez Jimi Bremer, programó para la tarde de este viernes 22 de septiembre, la continuación de la audiencia de primera declaración de la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Claudia González, en cumplimiento a la orden emitida por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal.
Dicha Sala emitió una orden para que en un plazo de 48 horas, el Juzgado Décimo prosiga con la audiencia de primera declaración de la abogada, Claudia González, detenida desde el pasado 28 de agosto, por su presunto participación el caso denominado “Persecución penal ilegal fase I”.
González calificó de «arbitrarias» las decisiones en el juzgado que de haber llegado al próximo miércoles, serían 30 días de detención «arbitraría».
La diligencia estaba prevista para el pasado 19 de septiembre y se suspendió por una excusa médica presentada por la mandataria de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling.
La resolución de la Sala se dio luego de rechazar una acción de exhibición personal planteada a favor de la abogada González por parte de sus abogados al considerar que lleva más de 20 días privada de libertad sin que se haya dictado el auto de procesamiento en su contra, por lo que consideran que la detención es ilegal.
La Sala Cuarta también también consideró que en caso de incomparecencia del Ministerio Público (MP), se llame a un fiscal, auxiliar fiscal de planta o de turno. Además, ante la incomparecencia de cualquiera de los otros sujetos procesales, se oficie al Instituto de la Defensa Pública Penal para la asignación de un abogado que represente los intereses de quien no comparezca por cualquier circunstancia.
Claudia González
La Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP) en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron el pasado 28 de agosto a la abogada Claudia González, quien es señalada del delito de abuso de autoridad por acciones implementadas cuando fungió como representante de CICIG en la investigación que se abrió contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CJS), Blanca Stalling, quien supuestamente trató de influir en el criterio del juez Carlos Ruano para resolver la situación jurídica de su hijo Otto Molina Stalling.
Otto Molina Stalling era procesado por el caso de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS-Pisa), por el que fue condenado a 6 años y tres meses de prisión inconmutables, una multa de Q50 mil e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 4 años.
Como abogada ahora defendía a la exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra, condenada el año pasado a cuatro años de prisión por abuso de autoridad, en un polémico juicio criticado por Estados Unidos y la Unión Europea.
También defiende al exfiscal Juan Francisco Sandoval, exiliado desde 2021 tras ser destituido por Porras, y quien este lunes denunció allanamientos en las casas de sus padres y de González, acciones condenadas por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
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Vía Omar Solís y Óscar Marroquín, Emisoras Unidas 89.7 FM
