La organización Acción Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional, acompañó a un grupo de ciudadanos para presentar un Amicus Curiae y una solicitud en la Corte de Constitucionalidad (CC). El objetivo de esta acción es contrarrestar los intentos del Ministerio Público (MP) para silenciar las críticas de la población.
Edy Cux, director jurídico de Acción Ciudadana, expresó su preocupación respecto al recurso de amparo presentado por la fiscal general del MP, María Consuelo Porras. Esto porque la naturaleza del amparo está diseñada para proteger a la ciudadanía. Sin embargo, en este caso, la Titular del MP interpuso un amparo en contra de la misma ciudadanía.
“La Fiscal General pretende que el poder público vulnere los derechos de las personas, entre ellos el de la libertad de expresión, asociación y manifestación. Es lamentable, es un contrasentido el amparo porque no se enmarca dentro del derecho constitucional. El amparo debe ser rechazado in limine”, comentó Cux.
CC requiere informes
La CC ha establecido un plazo de 48 horas, a partir de la notificación, para que la Presidencia de la República, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) presenten informes por el recurso presentado por la Fiscal General.
El alto tribunal constitucional informó que en una sesión extraordinaria el viernes 25 de agosto, conocieron el recurso presentado por Porras. Se espera que, en la sesión del lunes 28 de agosto, se continúe la discusión sobre este tema y los magistrados tomen una decisión sobre el amparo.
Fiscal del MP presenta amparo
La Fiscal General solicitó a la CC que se asegure la autonomía e independencia del MP y que se permita el desarrollo de sus funciones conforme a la ley. Asimismo, ha instado al Presidente y a las autoridades de seguridad a hacer cumplir el régimen jurídico, proteger sus derechos y acatar las órdenes y resoluciones judiciales.
En su solicitud, también ha pedido la implementación de medidas preventivas para asegurar el cumplimiento de las funciones constitucionales asignadas al MP.
Lo anterior se debe a que el mandato del MP se ha visto afectado por intentos de limitar su capacidad de ejercer la acción penal, especialmente a través de redes sociales como X (Twitter). Estos actos, según asegura, no solo perturban el orden público, sino que también violan los derechos constitucionales al fomentar la renuncia de funcionarios del MP y así poner en riesgo la autonomía e independencia de la institución.
