Este miércoles 14 de junio, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, dictará su fallo en un polémico juicio por presunto lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias contra José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, y la exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Samari Gómez Díaz.
José Rubén Zamora, quien fundara y presidiera el desaparecido rotativo El Periódico, escuchará la sentencia tras un juicio catalogado por gremios internacionales de prensa como un «acto de intimidación» y «caza de brujas».
«Soy un preso político y he sido tratado como tal», dijo Zamora al insistir en su inocencia el primer día del juicio, el 2 de mayo.
La Fiscalía solicitó 40 años de prisión para Zamora por supuesto lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, una pena desproporcionada, según su hijo, Ramón Zamora.
#NACIONALES Este nuevo proceso contra José Rubén Zamora se da a pocos días de la sentencia en el caso “Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero”
José Rubén Zamora fundador del el Periódico escuchará hoy la sentencia que le dictará el Tribunal Octavo. La fiscalía pide 40 años de cárcel y el pago de Q300 mil. Esto dice Zamora previo a la audiencia y su llegada a la torre de tribunales.@EmisorasUnidas@PublinewsGT pic.twitter.com/6JUDSp8B1f
— Omar Solís (@noel_solis) June 14, 2023
«Existen otros casos […] no se han dado las penas máximas y hasta se ha beneficiado a los imputados con medidas sustitutivas», declaró el hijo de Zamora.
«Persecución y presión»
La Fiscalía acusa a Zamora de intentar blanquear unos 37.500 dólares «producto de chantajes y extorsiones» a empresarios para no publicar información en su contra.
Pero el periodista de 66 años afirma que ese dinero provenía en su mayoría de la venta de una obra de arte para financiar su medio, que arrastraba una crisis financiera agravada con su arresto hace casi 11 meses.
«Si hubieran aceptado las pruebas que mi padre quiso aportar podíamos acreditar el origen lícito del dinero», dijo su hijo.
Zamora acusa al presidente del país, Alejandro Giammattei, y a la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, de haber fabricado el caso para silenciarlo por publicaciones sobre corrupción en el gobierno.
Tras denunciar «persecución penal y presión económica», el diario, fundado por Zamora en 1996, cerró definitivamente el 15 de mayo. En diciembre ya había dejado de circular en papel y solo mantenía la edición digital.
El Periódico había recibido varios galardones, entre ellos el de Medio Destacado en los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España 2021.
Algunos periodistas del medio se exiliaron luego de que un juez autorizó investigarlos por la cobertura de los procesos penales contra Zamora.
«Cargos espurios»
La Fiscalía abrió otros dos casos contra Zamora, uno por presuntamente intentar frenar una investigación por lavado de dinero y otra por el supuesto uso de firmas falsas en las boletas para viajar al extranjero entre 2015 y 2017.
Estados Unidos ha criticado estos procesos. «Criminalizar la labor de los periodistas […] atenta contra las normas democráticas y el respeto de la libertad de expresión», dijo en marzo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
Organismos de derechos humanos y gremios de prensa internacionales también han criticado el juicio contra Zamora, que tiene lugar en medio de la campaña de las elecciones generales del 25 de junio.
«Hemos documentado cómo están a punto de extinguir a la prensa independiente en este país», dijo la semana pasada Juanita Goebertus, de la oenegé Human Rights Watch (HRW), al cierre de una visita a Guatemala.
Alertó que el proceso contra Zamora se suma a la «criminalización» y ataques a periodistas críticos, quienes enfrentan «cargos espurios» y sufren acoso. En Guatemala «faltan» garantías para la libertad de prensa, agregó.
«Modelo autoritario»
El juicio contra Zamora y la nueva investigación que incluye a ocho periodistas y columnistas del desaparecido diario también son rechazados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que los tilda de «acto de intimidación» y «caza de brujas».
«Estamos ante un claro acto de intimidación en contra de todo el periodismo de Guatemala», dijo el viernes el presidente de la SIP, Michael Greenspon, en un comunicado.
El caso Zamora ocurre tras la detención de varios exfiscales y jueces que investigaron sonados casos de corrupción, quienes ahora son señalados en su mayoría de abuso de autoridad. Según HRW, ocho están presos y más de 30 exiliados.
La fiscal Porras «se ha dedicado a usar todas sus capacidades para perseguir a quienes en el pasado lucharon contra la impunidad», afirmó Goebertus.
Vía AFP
