La elección del responsable de auditar el uso adecuado de los recursos públicos es el último nombramiento que se realizará este año. Ayer, el Congreso convocó para integrar la comisión de postulación para el jefe de la Contraloría.
La postuladora estará integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, que será el presidente, los decanos de las facultades de Contaduría y Auditoría, un representante del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, uno del Colegio de Economistas, Contadores Públicos, Auditores y Administradores, quienes serán juramentados por los diputados para iniciar el proceso de selección.
La mesa de trabajo deberá presentar una lista con seis candidatos ante el Legislativo, donde se someterá a votación cada candidato. El mínimo de votos para la elección será de 81.
El contralor ocupará el cargo por cuatro años y no podrá ser reelecto, por lo que el nombramiento del fiscalizador es de importancia para auditar las compras y contrataciones que hacen las instituciones que reciben fondos del presupuesto general.
Entre los requisitos que deben cumplir los candidatos a dirigir la Contraloría están: contador público y auditor, mayor de 40 años. No tener juicios pendientes en materia de cuentas y haber ejercido su profesión por más de 10 años.
Actualmente, la Contraloría General de Cuentas está a cargo de Edwin Humberto Salazar Jerez. Quien logró su designación con el apoyo del gobierno de Jimmy Morales y diputados de los partidos Patriota, Líder y Todos.
A la vez, se ha cuestionado la pasividad en las auditorías, pues son pocas las denuncias que ha presentado contra funcionarios por mal manejo de fondos en los últimos cuatro años. Como es el caso de la compra de vacunas contra el Covid-19, transferencias de fondos sin destino específico, como la que hizo Fredy Chojolán en la Dirección de Caminos.
Bloquear participación desde la Contraloría
El nombramiento de contralor toma relevancia, como la de fiscal general, procurador de Derechos Humanos y los magistrados al OJ. Ya que algunos políticos presionan para bloquear a opositores o para dejar participar a personas con señalamientos.
Los candidatos a cargos públicos que participarán en las elecciones generales deberán presentar la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamaciones de Cargos, conocida como finiquito, documento con el que se comprueba que no tuvo problemas en el manejo de fondos públicos durante su gestión en diferente institución y que emite la Contraloría.
En 2019, diputados del oficialismo intentaron bloquear la participación a la diputada a Lucrecia Hernández Mack Carlos Mencos y César Fión. Quienes recurrieron a la Corte de Constitucionalidad para solicitar un amparo para que se les permitiera tomar posesión, ya que habían obtenido sus finiquitos anteriormente.
También a la ex fiscal general Thelma Aldana se le revirtió su finiquito cuando intentó inscribirse como candidata presidencial del partido Semilla.
Estrategia oscura
Francisco Quezada, analista del CIEN, comentó que en la elección del último contralor hubo una estrategia oscura entre políticos. Pues hubo un amparo para alargar la designación y así quien estaba en el puesto de manera interina emitía finiquitos.
El nuevo contralor también estará en un proceso importante y se verá si se bloquean a opositores con el finiquito.
