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La excandidata presidencial Sandra Torres y sus abogados definieron una nueva ruta para que se excluya un delito del proceso penal que se sigue en contra de ella.

De esa cuenta, se presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del caso por supuesto financiamiento electoral irregular.

En el memorial se indicó que es contrario a la Constitución Política de la República de Guatemala que Torres enfrente cargos por el delito de financiamiento electoral no registrado.

Se argumentó que esa acción ilícita no figuraba en la legislación nacional cuando se supone que ella habría cometido los hechos que se le señalan.

Así la excandidata presidencial busca que la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, analice si se debe continuar con el proceso penal de la forma el la cual se ha desarrollado.

Una acción similar fue presentada por Alba Lorenzana, esposa del empresario mexicano Ángel González, en el Juzgado de Mayor Riesgo B, por el caso «Cooptación del Estado de Guatemala».

Según la petición:

En la investigación del Ministerio Público (MP) se indica que Torres habría integrado una red delictiva que en 2015 habría ideado los mecanismos para financiar la campaña electoral del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Que el delito de financiamiento electoral no registrado fue creado por el Congreso de la República en octubre de 2018.
La Carta Magna establece en el artículo 15 que «la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo».

Torres enfrenta a la justicia por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.

Mario Leal Pivaral, excompañero de fórmula de Torres en la referida campaña electoral, y Rodrigo Leal Castillo no podrán ser investigados por ese delito, según una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Sandra Torres busca autorización

Domínguez también tiene pendiente resolver una solicitud de Torres, con la cual busca que se le permita participar en actividades de carácter político.

La excandidata presidencial permanece en libertad, pero se le prohibió acudir a reuniones de esa índole.