A partir de hoy y por 15 días la venta de licor y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública no se permitirán después de las 18:00 horas hasta las 6:00 horas del día siguiente. La medida se estableció en el estado de Prevención que aprobó el Gobierno dirigido por el mandatario Giammattei.
Asimismo, el gobierno fijó que las manifestaciones que se realicen sin cumplir con las medidas de bioseguridad serán disueltas como lo establece la Ley de Orden Público. Para solicitar el permiso para una protesta se debe tener la autorización de Gobernación Departamental, ligada al Ejecutivo.
Otra de las limitaciones que estará vigente en las próximas dos semanas será el de las reuniones al aire libre que no cumplan con el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla.
Ayer, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia se limitó a compartir el documento respaldado por los ministros y solo envió un comunicado.
El vicepresidente, Guillermo Castillo, emitió su voto en contra del estado de Prevención.
“No es necesario un estado de Prevención para dictar las medidas que ahí se indican”, resaltó Castillo.
“Usar obligatoriamente la mascarilla en todo espacio o lugar público. El incumplimiento será sancionado con medidas administrativas y penales. Se exceptúa el uso de mascarilla a menores de dos años y aquellas personas, que por su condición médica, cuenten con una contraindicación”, es el recordatorio de las autoridades de Salud.
En desacuerdo con gobierno
La decisión del presidente no fue aceptada por la oposición, principalmente en el Congreso. Las bancadas Semilla, Winaq y UNE rechazan el estado de Prevención.
“Nos hemos dado cuenta de que se ha tratado de montar una estrategia para tratar de aplacar a la oposición. Querer impedir que la gente que está inconforme con la errática gestión se pudiera manifestar. Luego, el presidente del Congreso decreta suspensión de labores, lo que habíamos estado exigiendo desde hace rato o que se escalonaran los horarios de trabajo, pero eso no quiere decir que el Congreso va a cerrar”, comentó el diputado Orlando Blanco.
El congresista de la UNE señaló que con esa medida también se busca exonerar a los funcionarios para que no asistan a las citaciones.
Una postura similar fue la de la jefa del bloque Winaq, Sonia Gutiérrez, ya que esa agrupación política rechazó esa medida, que es una dedicatoria para limitar los derechos constitucionales.
“Lo quieren arropar que por las medidas de bioseguridad, falso. De ser así, lo hubieran hecho de qué ratos. Como ahora ven al pueblo encima, quieren detener el rechazo de la población ante un nefasto control del gobierno de la pandemia”, puntualizó Gutiérrez.
Preocupa aumento de casos
La tercera ola de contagios por el nuevo coronavirus preocupa a expertos, como a la asesora en Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de Salud en el país. Liz Parra comentó que la acelerada situación de contagios preocupa y no descartó la identificación de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 en el país de las que son más transmisibles.
“No podemos continuar con las mismas medidas porque el incremento de casos, en términos de la morbilidad y la mortalidad. Y la capacidad de respuesta a nivel hospitalario se verá afectada en las próximas semanas después del relajamiento de medidas en los últimos días”, agregó Parra.
La asesora añadió que las medidas deben estar documentadas en análisis de riesgo epidemiológico. Por lo que insiste en limitar los aforos y en caso necesario cerrar negocios no esenciales, así como volver al trabajo remoto. Otra de las sugerencias es volver al toque de queda con el objetivo de reducir la movilidad.
