El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos, implementó un operativo este jueves 12 de septiembre en seguimiento a las investigaciones del caso B410, relacionado con acciones de defraudación tributaria que detectó e hizo públicas la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El Departamento de Información y Prensa del ente investigador explicó que están en desarrollo 11 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en distintos puntos del país.
“Están siendo inspeccionados los inmuebles vinculados con las nueve entidades que forman parte del grupo B410 que le facturan venta de bienes o prestación de servicios a entidades de Gobierno”, detalló la oficina.
Agregó que las diligencias se realizan con el objeto de recabar indicios que contribuyan al fortalecimiento de las pesquisas en curso.
#AHORA @MPguatemala amplía información sobre allanamientos relacionados con el caso B410pic.twitter.com/IlI8u6pmma
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 12, 2024
Caso B410
La SAT denunció en agosto pasado un millonario caso de evasión fiscal por parte de varias empresas de dudosa legalidad, que hicieron ventas al Estado por sumas millonarias desde 2021 al 2023.
El director del ente recaudador de impuestos, Marco Livio Díaz, explicó en rueda de prensa que el entramado de empresas no contaba con la capacidad para venderle 6 mil 400 millones de quetzales al Estado y también evadieron alrededor de 38 millones de dólares en impuestos.
El superintendente añadió que ya se había hecho la denuncia respectiva al Ministerio Público (Fiscalía) por el caso, de gran magnitud en opinión del funcionario. Y que también se notificó a la Contraloría General de Cuentas.
Díaz detalló que el entramado de empresas, con un mismo propietario y contador, le han vendido cientos de distintos productos a más de 20 entidades estatales, pese a que no cuentan con la infraestructura necesaria para llevar a cabo el trabajo contratado.
El funcionario también explicó en una conferencia que muchas de las empresas vinculadas al caso no tienen dirección real o se encuentran en «zonas rojas» de violencia en el país, por lo cual resulta complicado determinar su existencia real, ya que dichos sectores son vigilados por estructuras criminales.
