El Gobierno de Guatemala emitió un comunicado este lunes 29 de julio para pronunciarse con respecto al secuestro del padrón electoral por parte del Ministerio Público (MP) y calificó lo ocurrido como una “grave e injustificable intromisión”, conforme a lo establecido en el artículo 224 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
El Ejecutivo resaltó que el padrón registra datos sensibles de la ciudadanía que se podrían utilizar ilegalmente para fines espurios, por lo cual condenó las acciones de la fiscalía e instó a los distintos actores involucrados en el tema electoral a pronunciarse.
“Se hace un llamado a los partidos políticos y a las autoridades electas en el proceso electoral de 2023: alcaldes, concejales, síndicos y diputados, a manifestarse en contra de este flagrante atropello a la voluntad popular, para defender el derecho al voto libremente ejercido por millones de guatemaltecos y con este, la representación que el pueblo de Guatemala les delegó”, expresa el comunicado.
De igual forma, señala que la Constitución de la República y las convenciones internacionales de las que Guatemala es parte obligan a censurar a los funcionarios del Organismo Judicial y del Ministerio Público responsables “por el uso inadecuado de los datos sensibles de millones de guatemaltecos que se encuentran en el padrón electoral”.
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Gobierno señala criminalización por parte del MP
El Gobierno indicó que el MP es señalado de ser una «autoridad criminalizadora» de periodistas, operadores de justicia, abogados y ciudadanos, en general, por parte de diversas autoridades que conforman la institucionalidad jurídica internacional y de respeto a los derechos humanos.
“Es muy grave que ahora pretenda perseguir a los ciudadanos que integraron las Juntas Receptoras de Votos, Juntas Electorales Departamentales y Juntas Electorales Municipales durante el pasado proceso electoral”, añadió.
Por ello, este organismo urgió a las autoridades competentes del sistema judicial a corregir las acciones de los jueces y fiscales que han permitido lo que describió como un abuso institucional a manos del Ministerio Público. También señaló que los últimos acontecimientos deben representar sanciones de todo tipo a quienes resulten responsables.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7
