El proceso de elección de aspirantes a director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) continúa avanzando y se acerca a su fase final. Los integrantes de la comisión de postulación a cargo del seguimiento respectivo han llevado a cabo una serie de acciones para que continúen en la contienda los profesionales que cumplan con los requisitos establecidos en la ley.
En ese contexto, ya se desarrolló el período de recepción y revisión de señalamientos contra los candidatos. Y, tras el análisis de los mismos, quedaron excluidos 18 candidatos que no pudieron despejar las dudas sobre los planteamientos hechos en su contra.
Fue el pasado martes cuando la postuladora le dio lectura a las pruebas de descargo presentadas por los abogados que recibieron las denominadas “tachas”, pero ninguna de estas fue aceptada.
En tanto, para hoy se programó que diez aspirantes a dirigir el IDPP presenten sus propuestas de trabajo ante la comisión. Hasta el momento, han sido cinco los profesionales que han han expuesto sus respectivos planes en esta fase del proceso de elección.
Posteriormente, se espera que los aspirantes sean evaluados con pruebas psicométricas y se continúe con los análisis de los perfiles para finalmente poder elaborar la nómina final de candidatos que deberá ser enviada al Congreso de la República para que el pleno lleve a cabo la elección del director.
El funcionario que sea designado asumirá funciones para un período de gestión que dura cinco años. También podrá ser reelecto para un próximo plazo igual, según establece la ley de la materia.
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IDPP con problemas de presupuesto
El director del IDPP, Idonaldo Fuentes, se refirió recientemente a la situación de la institución y explicó que existen problemas de presupuesto desde hace más de dos años que no han podido ser resueltos, lo cual incide en el desarrollo de las funciones.
El funcionario explicó que actualmente se trabaja con el presupuesto de 2022, situación que genera que la entidad esté desfinanciada en aproximadamente Q50 millones.
El Instituto de la Defensa Pública Penal es el organismo administrador del servicio público de defensa penal. Su papel se enfoca en brindar asistencia gratuitamente a personas de escasos recursos económicos.
La entidad también tiene a su cargo las funciones de gestión, administración y control de los abogados en ejercicio profesional privado cuando realicen funciones de defensa pública.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7
