La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó este lunes 24 de junio que se resolvió declarar bajo reserva por siete años toda la información relacionada con la seguridad de los magistrados debido a que en los últimos meses se ha evidenciado un incremento de incidentes que han constituido en amenazas reales y tangibles en contra de su integridad.
En el diario oficial fue publicada la resolución 01-2024, en la cual se da a conocer que entre los datos que se mantendrán en resguardo se encuentran los siguientes:
- Descripción de los esquemas de seguridad de los magistrados de la CC.
- Identificación del personal que presta seguridad personal a los togados.
- Descripción del tipo de armamento que porta el personal de seguridad de los magistrados de la CC.
- Descripción de las asignaciones de vehículos a los magistrados.
En el mencionado fallo, emitido con fecha 19 de junio, se detalla que la decisión se tomó con base en el artículo 23 numeral 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008 del Congreso de la República.
En la publicación se expone que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que todos los actos de la administración son públicos.
“Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”, cita.
Sin embargo, agrega para clasificar como reservada cierta información que consta dentro de los registros y archivos del referido tribunal es posible que la máxima autoridad del sujeto obligado está facultada para realizar la declaratoria de reserva.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 24, 2024
CC confirma incidente frente a residencia de magistrada
La Corte de Constitucionalidad confirmó a finales del año pasado que ocurrió un incidente frente a la residencia de la magistrada titular, Leyla Susana Lemus Arriaga, el cual fue denunciado ante las autoridades respectivas para que pueda ser investigado.
De acuerdo con el alto tribunal, el hecho ocurrió el 11 de diciembre, momento en el cual fue incendiada una patrulla que se encontraba asignada a brindar seguridad en ese perímetro.
“Sobre el particular, y derivado de la naturaleza del asunto, el hecho fue puesto de conocimiento a las autoridades correspondientes para que sea investigado y determinar los responsables del mismo”, señaló la oficina de Comunicación del alto tribunal constitucional.
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